Año 15, número 195.
La discriminación de sectores en situación de vulnerabilidad conduce a escenarios de violencia, manifestados a través de discursos y crímenes de odio, que implican desenlaces como asesinatos y suicidios, advirtió Waltter López, activista.
Guillermo Vizcaíno Ruiz
Desde hace una década están sustentadas las protecciones de derechos humanos a nivel nacional, derivadas de una serie de reformas a la Constitución aplicadas el 10 de junio de 2011. Tales legislaciones han marcado precedentes para la discusión y aprobación de legislaciones a favor de derechos humanos en las distintas entidades federativas del país.
En el caso de Querétaro, la Constitución Política del estado estipula en los artículos 2° y 3° la prohibición de cualquier tipo de discriminación y la facultad del Estado para adoptar medidas que garanticen la no discriminación de las personas, respectivamente. De igual forma, el Código Penal local establece penas para las personas que cometan actos discriminatorios. Pese a ello, no hay ningún artículo de la legislación local que refiera a los discursos o crímenes de odio.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) define al discurso de odio como “cualquier forma de comunicación de palabra, por escrito o a través del comportamiento, que sea un ataque o utilice lenguaje peyorativo o discriminatorio en relación con una persona o un grupo sobre la base de quiénes son o, en otras palabras, en razón de su religión, origen étnico, nacionalidad, raza, color, ascendencia, género u otro factor de identidad”.
Políticos locales: simpatizantes de la exclusión
A pesar de los estatutos locales, nacionales e internacionales que estipulan la prohibición de la discriminación, en la entidad destacan múltiples casos de políticos locales que han emitido mensajes discriminatorios o de odio. Uno de ellos corresponde a Eric Salas González, exdiputado del Partido Acción Nacional (PAN), quien cuando todavía ejercía como legislador había declarado que le daban “hueva” los integrantes de la comunidad LGBT+ y que prefería “ver cómo se guisan los frijoles” en vez de atender las demandas de tal grupo.
Otro ejemplo notable corresponde al de la ahora exdiputada del partido Querétaro Independiente (QI), Concepción Herrera Martínez, quien había manifestado en calidad de diputada electa que las uniones homosexuales podrían “extinguir a la humanidad”, justificando lo anterior bajo la premisa que las aceptaciones internacionales de las uniones homosexuales servían como un “control de natalidad”.
No obstante, el caso más destacado en el contexto local de figuras políticas que han emitido mensajes discriminatorios y de odio corresponde a la exdiputada Elsa Adané Méndez Álvarez, quien se ha autodenominado “de ultraderecha” y quien ejerció bajo el cobijo del PAN para después formar parte del ahora extinto Partido Encuentro Solidario (PES) y terminar con una curul independiente.
Desde su posición como legisladora, Méndez emitió reiteradamente mensajes de odio en contra de la comunidad LGBT+ y de agrupaciones feministas, mismos que incluso están sustentados en una recomendación (5/2019) de la Defensoría de Derechos Humanos local (DDHQ) que nunca acató.
Con Méndez se reafirma urgencia para atender discursos de odio
Algunas de las declaraciones que Méndez emitió mientras fungía como legisladora incluyen llamados a “exterminar el matrimonio homosexual” o mensajes como “por más transformaciones que se realicen, la realidad biológica no se cambia por ninguna operación, y después de aceptar el Trans humanismo será la Trans edad y la Trans especie (sic)”, por mencionar breves ejemplos.
Debido a las expresiones de Méndez, el director del Centro de Orientación e Información de VIH/SIDA (COIVIHS), Luis Felipe Zamudio Burgos, presentó una denuncia penal (CI/QRO/858/2020) en la fiscalía estatal, basándose en estatutos locales y nacionales que estipulan la no discriminación.
Sin embargo, al darse a conocer en medios de comunicación locales el citatorio para que la entonces legisladora acudiera a una audiencia derivada de tal carpeta de investigación (la cual no asistió argumentando problemas de salud), Méndez borró el contenido de sus redes sociales, mientras que Zamudio recibió mensajes discriminatorios y de hostigamiento. Hasta el momento la exdiputada no ha recibido sanción alguna derivada de tal proceso.
De acuerdo con Waltter López, vocero del Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación y el Estado Laico, el hecho que la exdiputada no haya recibido hasta el momento una sentencia vinculante derivada de sus actos discriminatorios, evidencia un “hueco legislativo” de los discursos y crímenes de odio en torno a los estatutos locales. “Gracias a que en el Código Penal tenemos esta ley que prohíbe la discriminación, pudimos llevarla a juicio los activistas queretanos. Pero nos dimos cuenta que con la ley que contamos no era suficiente”, lamenta.
Bullying, raíz de discursos de odio
El principal propósito de los discursos de odio es el exterminio (no solo la exclusión), además que éstos se manifiestan cuando hay un manejo desigual de los derechos a la libertad de expresión y la no discriminación (es decir, cuando no se establecen límites a la libertad de expresión), argumenta Waltter López.
Sostiene que distintos episodios históricos han justificado la necesidad de establecer límites a los discursos de odio, al eludir casos como el nazismo en Alemania (periodo caracterizado por el genocidio). Debido a lo anterior, actualmente existen legislaciones en tal país que prohíben agrupaciones con ideologías nazis.
Agrega que los discursos y crímenes de odio atraviesan cuatro etapas: la violencia verbal o bullying (donde se busca la exterminación de la autoestima personal), la psicológica (caracterizada por mensajes violentos repetitivos que derivan en suicidios), la física (donde mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas trans salen mayormente afectadas) y, por último, el asesinato.
Uno de los casos más representativos de crímenes de odio en la entidad corresponde al asesinato del activista LGBT+ Octavio Acuña en 2005. Dicho crimen, que hasta la fecha sigue impune y se caracterizó por reiteradas revictimizaciones por parte de agentes estatales, fue precedido por una queja que Acuña interpuso ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) -derivada de una agresión homofóbica por parte de policías- y una serie de atentados al negocio que administraba (el cual era una condonería).
Incierta la legislación en discursos de odio
En comparación con la legislatura local anterior que concluyó el pasado septiembre (la cual estaba compuesta por seis partidos políticos), la cámara actual tiene menor número de partidos (4), por lo que el escenario en torno a la legislación de discursos de odio todavía no está claro, sostiene Waltter López. “Si tenemos solamente cuatro [partidos políticos en la legislatura local], influye mucho una parte el lineamiento ideológico de los partidos, pero por otro lado al ser ya diputados y diputadas de todos las y los queretanos, influye mucho el sello de la casa personal que llevan los diputados”, manifestó.
Refirió que, durante la pasada legislatura local, junto con la organización SOS Discriminación Internacional Querétaro y distintos activistas, hubo un acercamiento con la diputada del PAN, Martha Daniela Salgado Márquez (quien volvió a ejercer la diputación en la actual legislatura), con el propósito de promover una iniciativa para reformar el Código Penal que atienda directamente los discursos de odio en la entidad.
Ya en la actual legislatura, la misma congresista sostuvo durante el mes pasado que se retomaría la misma iniciativa (basada en que cualquier persona que cometa algún acto de discriminación mediante redes sociales pueda ser denunciada y sancionada debidamente), toda vez que nunca se abordó durante la cámara pasada. Sin embargo, pese a que se anunció que tal propuesta se analizaría, hasta la fecha no se ha discutido o votado la iniciativa en comisiones o en el pleno.
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