Año 13, número 159.
Por las medidas que se han tomado debido a la pandemia, la administración de justicia en algunos estados, como Jalisco, se ha estancado en una inactividad casi total
Antonio Jiménez
La pandemia del virus Sars-CoV 2 ha paralizado, total o parcialmente, muchas actividades que, con anterioridad, eran consideradas de la vida cotidiana, entre ellas las referentes a la administración de justicia, la cual, en el ámbito federal ha tenido un mayor avance, sin embargo, en algunos estados, como en Jalisco, se ha estancado en una inactividad casi total.
El 30 de marzo de este año se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo del Consejo de Salubridad General, mediante el cual se consideró a la pandemia como una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. Como consecuencia de ello, al día siguiente, el Secretario de Salud publicó en el mismo medio las acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria.
Entre las acciones extraordinarias determinadas se resolvió:
- Suspender todas las actividades consideradas no esenciales.
- Continuar las actividades marcadas como esenciales, entre las cuales, la fracción II, inciso b) del acuerdo de mérito incluyó: las involucradas en la seguridad pública y la protección ciudadana; la procuración e impartición de justicia; así como la actividad legislativa en los niveles federal y estatal.
Con el acuerdo en comento, los órganos judiciales del país, entre ellos la Suprema Corte de Justicia de la Nación, algunos supremos tribunales de justicia de los estados, el Consejo de la Judicatura Federal y los consejos de las judicaturas de las entidades federativas, han tomado distintas posturas:
- La Suprema Corte de Justicia de la Nación suspendió parcialmente sus funciones y tomó el acuerdo de realizar sesiones con uso de plataformas digitales, otorgando la misma validez que si se realizaran de manera presencial.
- El Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco suspendió términos y emprendió un proceso de creación de una plataforma para el registro de cédulas profesionales a efecto de estar en condiciones de realizar notificaciones de los trámites que les toca conocer.
- El Consejo de la Judicatura Federal ha dictado diversos acuerdos, en los cuales ha transitado de una mayor a una menor restricción en el trabajo de los juzgados federales. Inició con suspensión de la mayoría de sus funciones y un listado reducido de asuntos urgentes con modalidades de atención muy restringidas, así como guardias por juzgados y tribunales. La última resolución refiere que se podrán tramitar por vía electrónica todos los juicios de competencia del poder judicial federal, para ello se deberá hacer un registro en una plataforma electrónica.
- Los consejos de las judicaturas locales, entre ellos el de Jalisco, han abordado de manera diversa el funcionamiento de los juzgados. Realizaron un listado de asuntos urgentes y determinaron el funcionamiento de guardias, sin embargo, en la práctica, su funcionamiento ha sido limitado, al grado de encontrarse casi paralizados.
Ante esto, priva en la sociedad una incertidumbre por la inamovilidad de una gran diversidad de asuntos del conocimiento de órganos jurisdiccionales, muchos de los cuales llenan los limitados espacios de los archivos judiciales y otra enorme cantidad espera el momento para ser presentada ante los órganos judiciales.
Frente al panorama administrativo, existe una enorme falta de responsabilidad del Congreso de la Unión, el cual en la fracción XXX del artículo 73 de la Constitución Federal otorgó como facultad exclusiva la de legislar en materia procesal civil y familiar, con lo cual excluye a los congresos locales; esta reforma fue publicada el 26 de marzo de 2019, esto es, poco más de un año sin que esta actividad sea atendida de manera puntual, situación que genera el atasco de asuntos en juzgados y tribunales de todo el país.
Dado el conflicto que se presenta, es necesario que la sociedad, en particular el gremio de los abogados, ejerza la presión que sea necesaria a efecto de que el Congreso de la Unión discuta y apruebe las nuevas normas en materia procesal y se otorguen los recursos necesarios para acabar con esta parálisis judicial, ya que ahora, aunque deseen los congresos locales, no pueden pronunciarse al respecto.
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