Año 15, Número 204.
El término ombudsman es un neologismo obtenido de la lengua sueca.
Ramón Moreno Rodríguez
En otra ocasión ya nos hemos ocupado de la creación de neologismos en el español, y entonces dijimos cuáles son los orígenes diversos de esas nuevas formaciones. Fijamos nuestro interés en una palabra derivada (influenciar). Hoy hablaremos de otro neologismo que se ha metido mucho en nuestra lengua y que tiene un origen diferente al antes aludido, pues es un préstamo obtenido de la lengua sueca, me refiero a ombudsman.
Repetiré lo que en aquella ocasión dije que los neologismos siempre serán bienvenidos en la medida en que resuelvan una necesidad léxica, pero que no habiendo tal insuficiencia, debemos hacer uso del bagaje que nuestra lengua nos ofrece. Y eso es precisamente lo que sucede con esta palabra. Quienes la incorporaron (políticos, sociólogos y abogados) explicaron las razones por las cuales lo hicieron que básicamente se sustenta dicha causa, en que se incorporó a nuestro léxico este término sueco porque en aquella nación surgió por primera vez la figura del defensor del pueblo.
Se dice en la mucha bibliografía que circula al respecto que el rey de Suecia en el siglo XVIII delegó en un hombre de toda su confianza (el ombudsman) supervisar las actividades de los funcionarios reales durante sus ausencias. También se afirma que en la constitución sueca promulgada al inicio del siglo XIX se incluyó la figura del ombudsman para que quien desempeñase tal puesto resolviera asuntos relacionados entre la ciudadanía y la administración pública o los jueces, que por su naturaleza fueran de ardua resolución. Tal institución, con el paso del tiempo continuó evolucionando en aquel país hasta llegar a constituirse en la figura que actualmente encarna y que se sustenta en tres principios: 1) Ser una función independiente, establecida en la Constitución y centrada en la vigilancia de la administración; 2) Ocuparse de quejas específicas contra injusticias o errores administrativos, y 3) Tener el poder de investigar, criticar y dar publicidad de las acciones administrativas. Finalmente se explica la etimología de la palabra: ombud significa en sueco delegado, agente, representante y man, como bien entendemos, persona, hombre.
También se informa que dicha institución nórdica cobró una gran dimensión a nivel internacional después de mediar el siglo XX y fue adoptada por otros países (con sus lógicas adaptaciones) y entre los primeros estuvieron Dinamarca, Noruega, Nueva Zelanda y Francia. Finalmente, en nuestro ámbito hispánico aparecieron en los años ochenta las primeras: 1981, el Defensor del Pueblo en España; 1992, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México.
Mucho me sorprende que los documentos que dan cuenta del origen y evolución de la figura del ombudsman sólo tomen en cuenta el caso sueco, porque hay muchos antecedentes de instituciones equivalentes en nuestra tradición jurídica. Y me sorprende porque si las personas que han redactado estos documentos para la Cámara de Diputados de México o el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, por ejemplo, hayan tenido la ocasión de investigar el asunto nórdico y hasta las etimologías de esa lengua, no hayan tenido tiempo de investigar en el Fuero Juzgo español, por ejemplo, que data de 1241 o Las Siete Partidas que se dice fueron concluidas en 1265.
En efecto, es fácil detectar (y hay mucha bibliografía al respecto) que una de las primeras instituciones que en España desempeñó las funciones del ombudsman fue creada por Alfonso X (el mismo monarca que mandó reunir la legislación castellana que hoy conocemos como Las Siete Partidas) y se conoció como El Defensor de las Viudas. Y no sólo hubo, por orden real, en la Edad Media española quién defendiera a las viudas que estaban indefensas ante los señores feudales o los jueces corruptos, sino también hubo defensores de los huérfanos o defensores de las “cuitadas personas” (sic). A mayor abundamiento, esta costumbre medieval de crear pesos y contrapesos para defender al débil de los abusos de autoridad hunde sus raíces más profundas en el tiempo, pues es posible saber que desde el emperador Constantino hubo interés en crear dicha defensa del desvalido; incluso, algunos estudiosos remiten el origen de esta costumbre cristiana al antiguo testamento y citan pasajes bíblicos que rezan expresiones como: “No dañarás ni a la viuda ni al huérfano. Si eso haces, ellos clamarán a mí, y yo oiré sus clamores; se encenderá mi cólera y yo os destruiré por la espada”.
Y en el caso de los mexicanos, no necesitamos irnos a los tiempos bíblicos, pues cuando los españoles llegaron a nuestro país fueron creando estructuras jurídicas para gobernar estas nuevas, vastísimas y riquísimas tierras y para lograrlo fueron adaptando las instituciones castellanas a la nueva realidad. Así fue como Carlos V eligió como primer obispo de México a fray Juan de Zumárraga al que también nombró en 1528 Defensor de los Indios. Si tenemos la curiosidad de informarnos de lo que el padre Zumárraga hizo en favor de los cuitados indios, y una fuente muy valiosa es la biografía en cuatro tomos que de él escribió Joaquín García Icazbalceta, descubriremos con asombro que justo los tres rasgos distintivos de lo que es un ombudsman, y que ya anotamos arriba, el religioso franciscano lo cumplió cabal y colmadamente, pues no sólo fue un funcionario independiente de las autoridades virreinales para ejercer su oficio de defensor, atendió las quejas que los indios le llevaron e investigó los desmanes de encomenderos y reales oidores, sino que fue más allá de lo que hoy puede hacer un ombudsman pues enfrentó a los corruptos jueces de la real audiencia y colocó su autoridad por encima de los reales gobernantes. Hay quienes piensan que el franciscano se excedió, incluido el mismo Icazbalceta, pero nada nos debe extrañar su actitud, pues esa misma función no era un invento del emperador o del obispo, ya en los tiempos de Alfonso X los obispos cumplían, cuando no había corregidores enviados por el rey, las funciones de defender a los desvalidos cuando los jueces y autoridades civiles torcían las leyes.
Así pues, con este bagaje que poseemos y que acabamos de resumir muy sucintamente, inevitablemente debemos preguntarnos ¿qué necesidad hay de pedir prestada una palabra sueca? Y la respuesta es prístina: ninguna. ¿Cómo se llamaban estos funcionarios enviados por los reyes? Pues recibieron diversos, pero el más común y generalizado era el de “Defensor de…”. Por otro lado, y para ir concluyendo estas notas, debemos observar que en otras lenguas no se han valido de los préstamos inútiles, pues en francés se le llama a esta figura Défenseur des Droits o en catalán Síndic de Greuges. Frase esta última (Síndico de agravios) muy a propósito pues su sentido hunde sus raíces en la tradición jurídica hispana medieval pues tiene como antecedente los famosos memoriales de agravios, que los súbditos presentaban ante los reyes cuando se organizaban las cortes.
Por fortuna, la palabra ombudsman no se ha generalizado del todo, pues las instituciones fundadas en nuestros países reciben nombres oficiales más apropiados ya que se valen de palabras muy castizas, como Defensor del Pueblo, Defensor de los Derechos Humanos, Defensoría de los Derechos Humanos, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, etc. De todos estos términos el que es más apropiado, a mi parecer, es el de “Defensor de…” porque la institución se encarna en una figura personal (claro, con un apoyo institucional y una moral a toda prueba) a la que se le comisiona dicha labor, como sucede con los ombudsman suecos, con el actual Defensor del Pueblo en España o con el padre Zumárraga primero y el padre Bartolomé de las Casas después, en México.
ramon.moreno@cusur.udg.mx
