Año 14, número 175.
Desde hace años el esquema vigente en la Constitución Federal y en las de los Estados ha sido motivo de un análisis profundo con la puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción
Antonio Jiménez Díaz
Fiscalizar el dinero público ha sido una tarea siempre compleja, en virtud de que los órganos de gobierno que administran los recursos del erario han acostumbrado a los gobernados a las desagradables noticias del manejo discrecional, poco eficiente, con intereses de grupos, de plataformas políticas y prácticas, que en la mayoría de los casos pueden clasificarse como actos de corrupción.
En un sistema que pretende ser democrático la fiscalización tiene un papel muy importante, pues es uno de los componentes del sistema de pesos y contrapesos. A través de la fiscalización los órganos profesionales integrados por equipos multidisciplinarios (contadores, administradores, abogados, psicólogos, ingenieros, arquitectos, entre otros profesionistas) verifican y dan a conocer el verdadero final al que han sido destinados los recursos públicos.
Fiscalizar es inspeccionar, vigilar, supervisar y evaluar. Mediante la fiscalización se sabe si al gastar, un gobierno está actuando conforme a la ley, si se llevó a cabo una planeación previa y si se obtuvo con la inversión los resultados deseados.
Esta labor ayuda a detectar errores, sobrecostos o desvíos y permite analizar el desempeño de los funcionarios de gobierno y su integridad. Todo esto se logra mediante la búsqueda de omisiones, analizando las comprobaciones e identificando la calidad de la obra pública que se está recibiendo. Así como la transparencia, la muestra de cuentas y la auditoría, la fiscalización es otro aspecto importante de un sistema de anticorrupción funcional.
Desde hace años, el esquema vigente en la Constitución Federal y en la de los Estados ha sido motivo de un análisis profundo con la puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción, cuya reforma constitucional data del 27 de mayo del año 2015 y sus leyes secundarias del 18 de julio de 2016.
En el ámbito constitucional se modificó el artículo 6º en materia de transparencia, y con respecto al sistema anticorrupción, los artículos 22, 28, 41, 73, 74, 76, 79, 104, 108, 109, 113, 114,116 y 122. Las leyes secundarias aprobadas por el Congreso son la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, Código Penal Federal y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
A pesar de todo el esquema que se ha creado al respecto, el ejercicio de las facultades de fiscalización por los entes especializados, tales como la Auditoría Superior de la Federación y los entes superiores en cada entidad federativa y la Ciudad de México, han mantenido la constante de dejar insatisfechos a muchos ciudadanos, esto por la naturaleza del esquema, el cual conserva el carácter de político. Se dice lo anterior en razón de que el superior jerárquico de los órganos fiscalizadores es el Congreso, en la federación es la Cámara de Diputados, y en los Estados el órgano legislativo local.
Una vez que concluye el trabajo técnico del órgano de fiscalización, éste remite sus observaciones al órgano legislativo y ahí las cuentas públicas se limpian como por arte de magia. Se logran acreditar las inconsistencias que detectan los auditores, se cumplen con las observaciones y, lamentablemente, sólo en una minoría de ocasiones, se fincan los créditos y se recupera el dinero no comprobado o gastado de manera incorrecta.
La tarea de fiscalizar siempre ha sido compleja, el caso del informe sobre el costo de la cancelación del aeropuerto de Texcoco es sólo una muestra de lo que se ha indicado. Los gobernantes realizarán todo lo que esté en sus manos para limpiar su nombre e imagen y, en su caso, para no verse obligados a devolver recursos públicos y menos aún, responder de manera personal con procesos de carácter administrativo o penal por actos de corrupción.
A la ciudadanía nos corresponde estar bien informados, ser críticos con los informes de los fiscalizadores y también con las respuestas que emiten las autoridades que gastan el dinero del erario. De esta forma lograremos contar con un sistema más democrático, en el que los dineros que son de todos se gasten bien, con criterios de oportunidad, austeridad y efectividad.
antonio.jimenez@cusur.udg.mx
